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Luego de numerosas denuncias en redes sociales a lo largo de varios años, una orden de captura que llegó tarde y la intervención de la justicia de otro país, arrestaron a Rebeca García en España. Con este caso no solo quedó en evidencia la lentitud con la que actúa nuestra Fiscalía, sino también la precaria atención a la salud mental y la falta de eduación de los organismos públicos para dar la atención adecuada. En el Budare conversamos al respecto con Clara Astorga, presidenta de la Federación de Psicólogos de Venezuela (FPV):
—El caso de Rebeca García ganó notoriedad por las denuncias de acoso, hostigamiento y amenazas. Luego se conoció que ella ha estado internada en centros psiquiátricos varias veces. ¿Hasta qué punto un victimario con enfermedades mentales es responsable de sus actos?
—La salud mental y la enfermedad es un continuum complejo y dinámico, es imposible generalizar sobre este punto. No existen “enfermedades mentales” en abstracto, sino personas que padecen estas enfermedades, cada una las vive y actúa de forma diferente. Existen personas con enfermedades mentales que tiene como uno de sus síntomas la alteración del juicio de realidad, esto es una alteración psicológica profunda por la cual distorsiona su entorno y puede no comprender las consecuencias de su comportamiento. Esta situación requiere de especialistas que determinen si el enfermo es responsable de algún delito según la ley, en ocasiones se califican como “inimputables” penalmente. El inimputable es la persona que debido a su situación especial (edad, trastorno mental, inmadurez psicológica) no es capaz de valorar la legalidad de sus acciones, por lo que recibe un trato diferente de la justicia. Esto significa que efectivamente, en algunos casos, un enfermo mental no es responsable de sus actos, sin embargo, un enfermo mental es más susceptible a ser detectado y arrestado por la extravagancia de su comportamiento.
—¿Hay trastornos mentales específicos que puedan hacer que una persona sea más propensa a cometer delitos?
—La verdad es que la gran mayoría de las personas con una enfermedad mental no son violentas. Lamento profundamente que hechos como este tiendan a incrementar los estigmas que rodean el tema de la enfermedad mental, producto de la incomprensión son consideradas personas peligrosas, incompetentes, impredecibles, inestables o violentas. La mayoría de los delitos son cometidos por personas no están diagnosticadas con trastornos mentales. En los estudios realizados la prevalencia de enfermedad mental encontrada fue apenas entre el 3% y el 5%. En la década de los años 80, la opinión general era que en relación con la población general, la enfermedad mental no incrementaba el riesgo de comportamiento violento. En la actualidad se acepta que un pequeño subgrupo de personas con esquizofrenia tienen mayor probabilidad de ser más violentos que la población general. Es una realidad que el uso de sustancias psicoactivas es un factor que aumenta el riesgo de violencia. Lo que sí ocurre con alta incidencia es que las personas que padecen enfermedades mentales son más vulnerables y son víctimas de violencia de todo tipo: son 10 veces más propensas a ser víctimas de violencia. Quiero decir a toda la población: Estar enfermo no es un delito, una persona con enfermedad mental es un ser que sufre, requiere acompañamiento y atención especializada.
—Algunos señalan a los familiares como culpables e incluso cómplices por darle ciertas libertades a los hermanos García y sacarlos del país, pero ¿cómo pueden verse afectados ellos al lidiar con estas patologías? ¿Cuál debería ser el rol de los familiares de personas con trastornos mentales?
—Las personas con enfermedades mentales y sus familiares sufren situaciones extremas, muchas veces son víctimas de etiquetación, estigmatización, devaluación y discriminación. Por ello, en muchos casos los trastornos mentales son negados y escondidos por los familiares. En vez de buscar ayuda profesional, niegan y disimulan la situación, lo cual deja al enfermo mental más indefenso y vulnerable. Como en toda enfermedad, los familiares deben buscar atención especializada, aceptar los diagnósticos, educarse sobre la forma de abordarlo, ajustar la dinámica familiar, cumplir el tratamiento. Tenemos la excelente noticia de que en la actualidad existen tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos efectivos, que brindan a las personas la oportunidad de desarrollar una vida ajustada a la normalidad. Al igual que pasa con otras enfermedades crónicas, como la diabetes, que las personas que la padecen, con el debido cuidado, logran integrarse y alcanzar una calidad de vida satisfactoria.
—¿Cómo debería responder el Estado ante este tipo de casos?
—Para responder protegiendo y conteniendo a los actores involucrados: víctimas, enfermos mentales y sus familias, el Estado debe adoptar una política nacional de salud mental que organice a las instituciones y estrategias de abordaje orientadas por los principios de los derechos humanos universales. En la actualidad hay un Anteproyecto de Ley de Salud Mental que es importante discutir e implementar. En términos generales, es necesario garantizar los servicios de atención de salud mental a nivel primario en todo el terreno nacional, para brindar atención temprana a las personas con trastornos mentales. Es importante atender de forma inmediata todas las denuncias de agresión por las víctimas potenciales, con el fin de protegerlas, y a la vez, hacer contención a un caso que seguramente está desbordado. El desarrollo de campañas de psicoeducación a toda la población, desde la escuela, y propiciar la participación de todos en la construcción de espacios y hábitos saludables, y relaciones de bienestar en la comunidad. Quiero terminar diciendo que la salud mental se favorece con la inclusión y acompañamiento de las personas con trastornos mentales, los contextos saludables son espacios libres de estigma.
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